Resumen: Por el director de una residencia de residencia de mayores tutelada por Comunidad Autónoma se demanda por vulneración en su derecho al honor por las expresiones proferidas por la demandada, que trabajó en la residencia como auxiliar de clínica y era concejala del ayuntamiento, en diversos programas y redes sociales. Considera que atentó contra su prestigio profesional por sus expresiones sobre su gestión durante la pandemia provocada por el virus del Covid 19, sobre todo sobre carencia de equipos de protección homologados (EPIS). La sentencia de primera instancia estimó la demanda. La sentencia de segunda instancia, confirmó la condena de la demandada, porque se faltó a la verdad ya que existían medios de protección, se administraron en función de aquéllos de los que se disponían, y algunas expresiones exceden de la crítica o de la opinión. Recurrió en casación la demandada y la sala estima su recurso, pondera los derechos en juego, valora la grave situación por la pandemia, la queja generalizada por falta de medios, el interés social de las manifestaciones efectuadas por la demandada, así como que el derecho no puede impedir que las personas expresen su opinión sobre la forma en que los poderes públicos gestionaban la crisis, y la evaluación de la competencia profesional no tiene por qué resultar atentatoria al derecho al honor siempre que se realice en un ámbito relacionado con esa actividad y no se haga de manera injuriosa o injustificadamente descalificadora.
